Por Oriol Burgès
El 19 de diciembre de 1975, Steven Spielberg llevaba a la gran pantalla la película - basada en la novela homónima de Peter Benchley- Jaws, donde un monstruoso tiburón blanco aterrorizaba las turísticas costas de Amity Island al son del famoso tema musical del compositor John Williams. Tras el estreno de la película, la selacofobia -miedo irracional a los tiburones- se disparó por todo el mundo. Curiosamente, hay una posibilidad entre 3.748.067 de recibir un ataque mortal por parte de un escualo, es decir, hay más posibilidades de morir por el ataque de un perro o a causa del impacto directo de un rayo.
En ese sentido, algo similar ha sucedido con el lobby. La gran pantalla ha pervertido de tal forma esta práctica que no es disparatado decir que, cuando pensamos en ella, rápidamente nos vienen a la cabeza personajes como Remy Danton, el famoso lobista de House of Cards interpretado por Mahershala Ali que, al más puro estilo Tiburón, hacía alarde de un sinfín de artimañas para conseguir los oscuros objetivos corporativos de las empresas a las que representaba. Para que quede claro, no todos los arqueólogos desentierran dinosaurios, ni todos los informáticos reparan ordenadores y, evidentemente, no todos los lobistas se dedican a sobornar y chantajear políticos, es decir, debemos alejarnos de tópicos, estereotipos y prejuicios, solo hacen que distorsionar la realidad. Por ello, nada mejor que entender qué es el lobby y a qué se dedica un lobista.
Por definición, el lobby es la legítima defensa de unos intereses particulares ante los distintos decisores públicos y políticos, colocándolos de una manera profesional y transparente para que se tengan en cuenta de cara al desarrollo de una normativa, con el objetivo de beneficiar o no perjudicar a una organización o sector en particular. Pongamos un ejemplo; ante los rebrotes y las nuevas restricciones provocadas por la COVID-19, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) pide al Gobierno que reestablezca el cese de actividad extraordinario que hubo durante el estado de alarma. En este caso, la asociación está defendiendo de una manera profesional y transparente los legítimos intereses de los trabajadores autónomos del país.
En lo que antigüedad se refiere, ya en el siglo XIX el término lobby – vestíbulo- era el término usado para referirse a los pasillos de la Cámara de los Comunes donde particulares, empresa, colectivos y asociaciones -grupos de presión- intercambiaban opiniones y discutían con los miembros del Parlamento sobre cuestiones de su interés. No obstante, el lobby no es algo que se pueda considerar reciente, ya que influir en las decisiones de un jefe tribal, monarca o elemento decisor ha sido una práctica habitual en buena parte de la historia de la humanidad. En otras palabras, si lo pensamos fríamente, la práctica del lobby es mucho más antigua que el término que usamos para referirnos a ella.
Así pues, al igual que los escualos, en España el lobby ha sido señalado como un procedimiento oscuro y opaco. A pesar de ello, la propia Comisión Europea ha elogiado esta práctica al considerarla una pieza fundamental a la hora de introducir las percepciones de empresas, asociaciones y colectivos de ciudadanos en los procesos decisorios. Por consiguiente ¿En qué se basa la Comisión Europea para considerar que el lobby es algo positivo?
Gobernar y legislar no es sencillo, al contrario, es una labor extremadamente compleja que requiere considerar todos los puntos de vista, máxime cuando nunca llueve a gusto de todos. Por ello, lo lógico a la hora de plantear soluciones para un problema en particular es tener en cuenta todos los matices. En ese sentido, que los distintos decisores cuenten de primera mano con las aportaciones de las organizaciones y/o sectores afectados – que suelen ser los que más experiencia e información tienen sobre la problemática- es totalmente necesario a la hora de plantear soluciones ecuánimes.
En conclusión, el lobby, como elemento de los asuntos públicos, debe verse como lo que realmente es, una herramienta necesaria que mejora notablemente la salud democrática de un país, facilitando la comunicación y el entendimiento entre los decisores públicos y los particulares, empresas, colectivos y asociaciones.