Por Oriol Burgès,
El contexto político, económico y social ha provocado que los asuntos públicos estén experimentando un crecimiento sin parangón por toda Europa. Esta práctica suele ser asociada a grandes multinacionales, patronales y sindicatos. No obstante ¿Es realmente así?
La respuesta es un claro y rotundo, NO. Sin ir más lejos, las asociaciones se constituyen, entre otras cosas, para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular. En ese sentido, asociaciones, federaciones o confederaciones están inmersas de lleno, muchas veces sin saberlo, en los asuntos públicos. Por ejemplo, una asociación vecinal que se relaciona con el Ayuntamiento de su municipio con el objetivo de reivindicar alguna medida institucional está, de hecho, gestionando asuntos públicos.
Por lo general, la gran mayoría de estas organizaciones, del ámbito que sea, presentan grandes dificultades a la hora de alcanzar los objetivos que han establecido. Habitualmente es debido a que muchas cometen el error de centran sus esfuerzos en acciones de lobby. Esto es, campañas puntuales para intervenir en una normativa o acción política en particular. En ese marco, lo que realmente debería interesar a dichas organizaciones es crear y mantener relaciones estables y permanentes con los decisores públicos y políticos, es decir, gestionar sus asuntos públicos. Esto no solo dota a las asociaciones de una relación fluida con los decisores, por ende, una mayor capacidad de influencia a la hora de poder trasladar efectivamente sus intereses, sino que les otorga un mayor entendimiento sobre la administración y sus procedimientos, algo totalmente necesario a la hora de diseñar una planificación estratégica coherente.
Hemos de tener en cuenta que, a priori, apostar por los asuntos públicos puede parecer una mala inversión de recursos. No obstante, la coyuntura actual nos ha demostrado que eso es un error. A nadie se le escapa que nos encaminamos a una de las peores crisis económica de nuestra historia, la cual afectará, en mayor o menor medida, a todos los sectores económicos. Ante un escenario tan poco alentador, que estas organizaciones sepan posicionar sus reclamaciones y legítimos intereses ante los decisores públicos y políticos puede ser la diferencia entre la subsistencia y el desastre para todo un sector. Máxime cuando el propio Ejecutivo está trasladando que quiere asegurar la eficiencia de las ayudas, ajustándolas al máximo a aquellos individuos, empresas y sectores que realmente lo necesiten.
Además, no podemos perder de vista el régimen interno e idiosincrasia particular de cada asociación. Hemos comentado que, estas organizaciones, tienen como uno de sus principales objetivos la defensa de los intereses de sus asociados. En el peor de los casos, no ser lo suficientemente eficaz a la hora de gestionar los asuntos públicos puede provocar que los asociados, al no ver sus expectativas cumplidas, acusen a los dirigentes de dichas organizaciones de dejación de funciones o ineficiencia a la hora de defender los intereses asociativos, generando una conflagración interna que, sin ir más lejos, puede ser la antesala a una moción de censura hacia sus órganos de gobierno.
Por estos motivos las organizaciones de ámbito asociativo deben entender que la gestión de los asuntos públicos va mucho más allá de la mera prevención y/o reacción ante un imprevisto. Desarrollar una metodología de trabajo proactiva y constante, basada en una planificación estratégica y coordinación de todos los recursos y herramientas de los que disponen les permitirá anticiparse a escenarios plausibles y, evidentemente, explorar oportunidades que no se hubieran podido identificar por mero desconocimiento.
Por consiguiente, como ya sucede con las relaciones personales, lo verdaderamente importante es el esfuerzo y la constancia a la hora de construir esa relación. A tal efecto, los asuntos públicos han pasado de ser un simple juego de agendas a una compleja labor de planificación estratégica en pro de construir dichos canales de comunicación. Efectivamente, el derecho a ser escuchado se gana; Saber analizar el contexto, el seguimiento regulatorio y legislativo, una comunicación estratégica, posicionarnos en los medios de comunicación, crear comunidad a través de las redes sociales, dinamizar las relaciones institucionales, construir alianzas con nuestros stakeholders, el lobby… el objetivo es claro, conseguir visibilidad, notoriedad y reputación con el fin de ser influyentes.
En conclusión, los asuntos públicos no deben ser algo ajeno, ya que son una muestra de buena gestión para toda organización, sea cual sea su tamaño o ámbito, con una clara repercusión interna y externa. Nos dirigimos hacia un cambio de modelo, por ello, aquellos que mejor dinamicen su gestión de los asuntos públicos, mejor posicionados estarán de cara a un escenario donde la relación y la capacidad de influencia en los decisores públicos y políticos será determinante.